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  • ciudades intensas mejor que ciudades densas

    ciudades intensas mejor que ciudades densas

    ciudades intensas mejor que ciudades densas

    Ha sido un dogma para los profesionales de la construcción de la ciudad, del diseño urbano, de la planificación territorial y del urbanismo en general, que son deseables las ciudades con una elevada densidad. Durante varios lustros hemos estado de acuerdo en que las urbes con alta densidad eran más fáciles de gestionar y financiar que las ciudades dispersas, que ocupan y despilfarran ingentes cantidades de territorio. Todos estábamos de acuerdo en considerar a las ciudades densas como más sostenibles y más adecuadas para mejorar la libertad y la igualdad entre sus habitantes.

    Continuamos estando, en principio, de acuerdo con estas afirmaciones, que también nosotros hemos defendido, incluso con una cierta vehemencia. Pero unas reflexiones realizadas dentro del Foro, recientemente celebrado en Quito, HABITAT III, nos han hecho matizar algo esta creencia. Este tipo de encuentros, con independencia de facilitar el turismo subvencionado de los profesionales más próximos al poder establecido, no suelen hacer grandes aportaciones para ayudar a solventar los graves problemas urbanos existentes. Pero, ha sido el controvertido y mediático arquitecto chileno Alejandro Aravena, del que no somos especialmente seguidores, quien ha introducido y contrapuesto al concepto “densidad” su variable “intensidad”, induciéndonos a profundizar en la referida contraposición.

    Es un hecho incontestable que un gran porcentaje de la población mundial vive en “ciudades” y en grandes aglomeraciones. Una gran parte de esta población “habita” hacinada en informales asentamientos con deficientes servicios urbanos. Es previsible que esta tendencia aumentará considerablemente en los próximos años. La pobreza, la desigualdad, el expolio de las grandes compañías transnacionales, además de los nocivos efectos del “cambio climático” aceleran estos procesos migratorios del “campo a la ciudad”. La elevadísima densidad de estas aglomeraciones, no es garantía, más bien lo contrario, de ninguna mejora en las condiciones de vida de sus habitantes.

    Tampoco en el mundo desarrollado una alta densidad poblacional garantiza una mejora de las condiciones urbanas y del desarrollo de los “derechos urbanos”, que sin duda deberían ser incluidos en la ya desfasada “Declaración de los Derechos Humanos”. Denominamos “derechos urbanos”, a aquellos derechos que deberían tener todos los seres humanos que habitan en una ciudad, como la accesibilidad, la movilidad, el derecho al aire limpio, la igualdad para acceder a todos los servicios urbanos, la cercanía a los equipamientos y todos aquellos derechos que puedan contribuir a habitar unas ciudades saludables, libres e igualitarias.

    Evidentemente la “ciudad dispersa”, de baja densidad, es cara de construir, cara de mantener, insostenible económica y socialmente, dañina para el medio natural, dilapidadora de territorio, pero, sobre todo, difícil de gestionar. La “ciudad dispersa”, además, genera y aumenta las desigualdades y dificulta la “cohesión social”. Sin embargo, la “ciudad densa”, no garantiza conseguir todo lo contrario.

    Entendemos que con el desarrollo y acceso masivo a las “nuevas tecnologías”, pueden desarrollarse ciudades con una “alta intensidad”, sin tener que ser necesariamente muy densas. Son deseables unas ciudades que se desarrollan “superponiendo capas”, sin precisar ocupar mucho más territorio. La “ciudad digital”, podía ser simplemente una capa más, superpuesta a las capas precedentes, que facilite y complemente la vida urbana, las relaciones humanas, el acceso a los servicios.

    El uso masivo de las “nuevas tecnologías”, gestionado democráticamente, puede contribuir a que las ciudades ganen “intensidad urbana”. La “ciudad digital” considerada como una capa más de la ciudad, puede ayudar a que los diferentes barrios sean más igualitarios, no siendo mejores en función de su distancia a los centros urbanos. Los servicios podrán ser complementarios, unos de otros y no necesariamente la producción de estos servicios debe estar en todos los lugares.

    En un futuro no muy lejano, no será necesario en bastantes actividades económicas, tener que desplazarse para trabajar, ni tampoco para acceder a determinados servicios, por lo que disminuirá considerablemente la “movilidad no deseada”, aumentando la calidad del aire que respiramos y pudiendo recuperar muchos espacios urbanos, para los peatones, para los niños, para los mayores. Muchos de los recursos económicos empleados en construir grandes infraestructuras, podrían ser reutilizados para implementar las llamadas “infraestructuras de mejora de la vida cotidiana”.

    En definitiva, deberemos, utilizando las nuevas tecnologías, pero también adoptando otras medidas complementarias, siempre gestionándolo “desde la ciudadanía”, aumentar la intensidad urbana, incrementar las relaciones humanas, hacer crecer los servicios urbanos ofrecidos y la accesibilidad a los mismos. También recuperar los espacios que antes ocupaban las infraestructuras físicas que ya no son necesarias.

    Aunque nunca lo habríamos imaginado, la “ciudad digital”, capa superpuesta de la “ciudad total”, puede ayudar a crear entornos mucho más saludables, con una mayor “intensidad urbana”, pero con unas moderadas densidades. La “intensidad urbana” se podrá apoyar en la actividad digital, aunque deberá tratar de generar más actividad con presencia física, en unos entornos recuperados para los ciudadanos.

    Todo lo anterior será posible si se gestiona de una forma participativa, pensando en lo intereses colectivos, mejorando los derechos individuales, sin supeditarlos a los intereses de las grandes compañías, sino haciéndolos, si se puede, compatibles. La “ciudad futura” deberá ser mucho más intensa, sin ser necesariamente más densa. Intensa de actividades, intensa de relaciones, intensa de servicios, intensa de alternativas. Las nuevas tecnologías podrían ayudar a mejorar la “ciudad física” y las actividades urbanas. Las nuevas tecnologías, adecuadamente gestionadas, pueden producir unas mejores ciudades, moderadamente densas, pero muy intensas.

     

    Francisco Camino Arias | Arquitecto

    @pachocamino

     

  • proteger el derecho a la vivienda o proteger el inmueble

    proteger el derecho a la vivienda o proteger el inmueble

    proteger el derecho a la vivienda o proteger el inmueble

    Estamos acabando la segunda década del siglo 21 y seguimos teniendo enquistados todos los problemas relacionados con “la vivienda” y el supuesto derecho constitucional a acceder a ella. Continuamos no sabiendo que hacer con cantidades ingentes de viviendas vacías, persistiendo la dificultad para que amplias capas de la población, sobre todos los jóvenes, puedan acceder a su uso y disfrute, mucho menos a su propiedad.

    Hemos construido muchas viviendas donde no se necesitaban, dilapidando recursos y territorio. Al mismo tiempo hemos dejado deteriorarse, irreversiblemente, muchos inmuebles en zonas donde la población carecía de lugares para habitar.

    Se han levantado muchas viviendas concebidas para unas familias inexistentes, con unas absurdas y rígidas distribuciones, olvidándonos de dar respuesta a muchas nuevas y diversas formas de agruparse para habitar. Pero lo más grave es que los diversos gobiernos, estatales, autonómicos o municipales, han perpetuado unas rígidas legislaciones, totalmente inadaptadas a las necesidades actuales, que además de producir inhabitables barrios e ineficaces viviendas, han protegido más a los inmuebles y sus rígidas configuraciones, que al derecho ciudadano a poder habitar las referidas viviendas.

    Efectivamente, toda la legislación relativa a las viviendas protegidas, subvencionadas, de promoción pública o privada, se ha preocupado más de la configuración geométrica y dimensional de los inmuebles, rigidizando su materialización física, pero legislando poco sobre el derecho de cualquier ciudadano a habitar en unas condiciones dignas.

    De la misma manera, los legisladores se han preocupado más del módulo “familia”, de un tipo muy determinado de familia y casi no han considerado el módulo “individuo” y sus posibles, diferentes y cambiantes maneras de agruparse a lo largo de la vida.

    A finales del 2016, todavía sigue instalado en nuestros cerebros la idea que una Vivienda de Protección Oficial no puede tener más de 90 m2 útiles, con tres o cuatro dormitorios y una serie de condicionantes geométricos y dimensionales, eso sí, con unas pequeñas aportaciones a la mejor eficiencia energética, para que quede claro que dichos legisladores tienen su “pequeño corazón  sostenible”.

    Acabando el año 2016, el acceso a cualquier tipo de “vivienda protegida” o a las posibles ayudas o subvenciones públicas, vienen condicionadas por las rentas familiares, de manera que un individuo puede quedar desprotegido una vez que modifique su relación con la familia a la que estaba asignado.

    Pero las circunstancias, nos gusten o no, van por otro lado, evolucionando a gran velocidad. En un mundo muy estático, la vivienda era para toda la vida, así como el puesto de trabajo, la familia era inalterable y la movilidad era un concepto inexistente. En la actualidad, una gran parte de la población cambia varias veces en su vida de ciudad, incluso de país, así como de trabajo y de actividad, con etapas en las que no tiene una cosa ni otra.

    También, ahora, los individuos cambian con frecuencia de familia o, por lo menos de situación familiar, pasando de habitar con su grupo inicial, a convivir con otras personas, amigas o no, a emparejarse, a tener hijos, a separarse y volver a vivir sólo o con otros amigos, a emparejarse de nuevo, con otra persona que, a lo mejor no viene sola, sino con sus propios hijos o con padres mayores y así sucesivamente. Cada cambio en la situación familiar lleva aparejado un cambio en las necesidades habitacionales, pero los inmuebles siguen siendo muy rígidos.

    Durante años, los arquitectos, además de otros profesionales relacionados con el “problema de la vivienda”, hemos defendido la flexibilidad de las viviendas para poder adaptarlas a las situaciones cambiantes referidas. Pero creo que estábamos en un error, o al menos la idea ha quedado algo desfasada. Es totalmente ineficaz, ineficiente, lento y caro, el que cada vez que cambien nuestras circunstancias personales, debamos reconstruir nuestras viviendas, siendo además muy difícil que la posible reforma satisfaga las necesidades de todas las personas de la antigua agrupación. Tal vez, sea mucho más sencillo facilitar, tanto por parte de los poderes públicos, como también por el “mercado”, la posibilidad de encontrar rápidamente un lugar nuevo para habitar, adaptado a nuestras posibles nuevas circunstancias personales.

    Por las mismas razones expuestas creemos que sería mejor, más racional, más económico y sobre todo más justo, que las ayudas públicas para acceder a unas “condiciones habitacionales dignas” se personalizaran, se individualizaran y se concedieran a las personas por sus circunstancias específicas temporales y no a los inmuebles eternamente.

    A modo de ejemplo para poder visibilizar nuestra propuesta, a una persona con un determinado nivel de renta se le ayudaría a poder habitar en un espacio de, más o menos 30 m2, que la agruparía, o no, con otras personas con derecho a subvención o sin derecho a él. Explicado de otra manera, cualquier persona con unas determinadas condiciones socioeconómicas, tendría derecho a recibir ayudas para poder habitar una determinada superficie ubicada en una vivienda sin ninguna limitación de superficie.

    Creo que se debe diferenciar la legislación para que las viviendas reúnan unas buenas condiciones de habitabilidad, accesibilidad, confortabilidad y sostenibilidad, con la legislación para las ayudas y subvenciones a que todos los ciudadanos tengan asegurado su derecho constitucional a habitar en unas condiciones dignas.

    Todas las viviendas, absolutamente todas, públicas o privadas, deben ser accesibles, habitables, confortables, eficientes energéticamente, con independencia de donde estén situadas, de quien las habite, del tamaño que tengan, de su antigüedad y de cualquier otra condición que les afecte. Y cualquier vivienda debe poder cobijar a cualquier persona, con independencia de su cambiante situación socioeconómica.

    Las ayudas para acceder a unas “condiciones habitacionales dignas”, deben ser individuales y temporales. Cada individuo podrá usar esas ayudas en un inmueble o en otro, agrupado con otras personas o solo. Tal vez así se evitarían los abusos y arbitrariedades producidas en los últimos años, por las que toda una familia se aprovechaba de las circunstancias económicas de su miembro más desfavorecido o una familia vivía eternamente subvencionada, porque su situación económica fue mala en una época de su vida, siendo muy holgada en la actualidad.

    La ayuda individualizada a una persona que la precise, podrá ser utilizada en una ciudad o en otra, en una vivienda más grande o en otra más pequeña o en una vivienda compartida con más personas, muchas o pocas, familiares o no, con derecho a subvención pública o sin derecho a ella.

    Todo lo expuesto facilitaría la adaptación a las circunstancias actuales, a las cambiantes y diversas formas de habitar. Todo lo relatado facilitaría la movilidad geográfica, ayudaría a la necesaria emancipación de los jóvenes, a la libertad, pero también a la igualdad y al bienestar.

    Se deben liberalizar los inmuebles espacialmente, dimensionalmente, geométricamente, aunque todos ellos, sin excepción, deberán tener elevadas cotas de accesibilidad, habitabilidad, confort y sostenibilidad, lo que contribuiría a mejorar la libertad individual. Regular de forma individual y temporal, el derecho a ayudas públicas a “habitar en condiciones dignas” contribuiría a mejorar la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo.

    Evidentemente, se debe profundizar en todas las cuestiones expuestas y mejorar su posible implantación, pero es muy urgente un radical cambio de mentalidad en todas las cuestiones referentes a las “viviendas protegidas”, siendo totalmente necesario liberalizar los inmuebles y proteger el derecho universal a habitar en condiciones dignas.

     

     

    Francisco Camino Arias I Arquitecto.

  • urge esperar. el valor de la “no construcción”

    urge esperar. el valor de la “no construcción”

    urge esperar. el valor de la “no construcción”

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    “…cuando no sepas que hacer, no hagas nada….”. Observando algo de luz al final del túnel y comenzando a salir, poco a poco, de la gran resaca producida por la llamada “burbuja inmobiliaria”, dejando atrás las consecuencias de sus múltiples daños colaterales. Se va alejando una época donde todo se resolvía construyendo, construyendo mucho, fuera necesario o no, donde construir era un fin en sí mismo.

    Ni las diferentes Administraciones Públicas, ni la mayoría de “los agentes intervinientes” han realizado todavía un auténtico “acto de contrición” con su correspondiente “propósito de la enmienda”, mostrando incluso alguna intención de “volver a las andadas”. Sin embargo ha ido apareciendo una nueva tendencia entre diversos sectores profesionales, vinculados, de una manera u otra, al sector inmobiliario, que abogan por “no construir” o construir muy poco. Incluso, un sector más radical propone el desmantelamiento de parte de lo construido, con la reparación del daño causado.

    La “no construcción” no debería implicar “no resolver” los graves problemas urbanos existentes ni paralizar la actividad económica, tal vez exija todo lo contrario. Es decir, gestionar inteligentemente los recursos y actuar sobre “lo existente”, sin consumir más territorio ni ampliar hasta el infinito nuestros entornos urbanos. Es probable que sea necesario un cierto decrecimiento creativo.

    Durante muchos años cualquier iniciativa que se emprendiera llevaba aparejada una acción constructora. Aunque existieran miles de viviendas vacías, se construían muchas más, en lugar de canalizar la necesidad de accesibilidad a su utilización hacia el excedente existente. Sería impensable, en cualquier otro sector económico,  que cuando se tuviera un elevado excedente de un determinado producto, o un stock acumulado, se iniciara una sobreproducción añadida del referido producto.

    Aunque existieran muchas oficinas vacías se seguían levantando insostenibles edificios de vidrio en los lugares más insospechados, para acoger a inexistentes empresas. Lo mismo sucedía con los locales comerciales, las naves industriales, los polígonos industriales…… y como no, con los auditorios, más auditorios, muchos auditorios, con los centros comerciales, con inexplicables edificios polivalentes…………..

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    Un capítulo aparte, que dejaremos para otro día, sería el de “autopistas a ninguna parte”, “los aeropuertos peatonales”, “puentes circulares, a modo de tiovivos”, con los emblemáticos edificios singulares, muy parecidos unos a otros……. Tampoco nos extenderemos hoy con las “Ciudades de la Justicia”, “Ciudades del Ocio” e incluso algún caso  disparatado como la contradictoria “Ciudad Digital” que intento acometer un gobierno autonómico.

    Volviendo a la nueva tendencia, de la que nos estamos ocupando hoy, es evidente que “urge esperar”……. Ahora es el momento deintervenir sobre lo existente, actuar superponiendo capas, resolver nuestros actuales problemas con intervenciones sensatas y responsables sobre lo ya edificado. Lo construido resolvió unos determinados problemas en el pasado, pero con racionales intervenciones que lo adapten, puede servir para satisfacer otras necesidades actuales distintas de las primitivas

    Todo lo anterior genera actividad económica, crea puestos de trabajo y sobre todo puede reencauzar a los profesionales del sector hacia la creación y producción de bienes útiles para la sociedad. Es evidente que es mejor dirigir el talento y preparación de los arquitectos, como de otros profesionales, a la resolución de problemas de todo tipo, teniendo lo existente como materia prima, que hacerlos diseñar y producir inservibles artefactos que dilapidan recursos.

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    …..Y por supuesto, “cuando no se sepa que hacer, mejor no hacer nada”… Con micro intervenciones, con pequeñísimas acciones se pueden conseguir grandes transformaciones,  se puede conseguir algo parecido al efecto que producen las enzimas acelerando las reacciones químicas.

    Destacamos, a modo de ilustrativo ejemplo, las hoy valoradas pequeñas intervenciones de los arquitectos franceses  Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal, como la muy conocida propuesta que elaboraron para una plaza en  Burdeos. Se les encargó la remodelación de una céntrica plaza y su “embellecimiento”. Lacaton y Vassal  analizaron la plaza en profundidad, realizaron varias encuestas entre los vecinos y tantearon varias alternativas. Pero finalmente consideraron que era una bonita plaza, agradable,  que funcionaba perfectamente y  proyectaron “no hacer nada”, entendieron que era suficiente con podar los árboles, reponer la tierra compactada, modificar la posición de algunos bancos, además de mejorar la limpieza y el mantenimiento. Así lo propusieron  y así lo hicieron. El entorno, sin duda, mejoró y los vecinos lo agradecieron.

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    En la misma línea, Jaime Lerner, el prestigioso arquitecto brasileño, tras ser elegido alcalde de Curitiba, aceptó la propuesta de una Asociación Vecinal, harta de las incesantes obras inútiles iniciadas por aquel municipio, que tantos problemas les causaban, pidiendo que “no se hiciera nada” para mejorar la calidad de vida del barrio. Lerner, con su equipo, adoptó la decisión de “no hacer nada, con extremada urgencia”. Los vecinos agradecieron la decisión municipal. El cese de las interminables obras había supuesto una evidente mejora de la calidad urbana del entorno.

    Estas micro intervenciones o propuestas de “no hacer nada” han ido creciendo en los últimos tiempos. Creemos que estos profesionales están haciendo un buen trabajo, serio, riguroso y honesto. Las zonas donde intervienen mejoran sensiblemente con mínimas intervenciones, los vecinos participan, sintiéndose identificados con las acciones emprendidas. Por supuesto, se ahorran muchos esfuerzos y recursos económicos que pueden ser empleados en solucionar otras necesidades más urgentes eincluso aumenta el valor de estas porciones de ciudad.

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    Sería justo que por todo ello los profesionales cobraran más y se desterrara la idea de que cuanto más caras resulten las obras, más altos serán los diferentes honorarios profesionales y las diversas tasas a abonar. Debería estar mejor remunerado el trabajo de quien además de aumentar la calidad de vida, ahorra recursos económicos y no debería suceder lo contrario, como está establecido, “cuanto más caro, más cobro”. Explicado de otra manera comprensible, la retribución de Lacaton y Vassaldeberían ser mucho más alta que la de Calatrava.

    En una línea evolucionada de la que hemos expuesto se encuentran, en la actualidad, diversos equipos profesionales,  que están trabajando en diferentes puntos de la geografía española. Destacamos a n’Nundo Organización, que no sólo aboga por “no hacer nada”, sino que propone, en determinados casos, el desmantelamiento de parte de lo construido. n’Nundo, en diferentes actuaciones, ha propuesto un “desmontaje activo”que ayude a recuperar paisajes, espacios libres y en definitiva a mejorar la calidad de vida eliminando elementos constructivos perniciosos. Tal vez, sea una adaptación a estos tiempos del “menos es más” miesano.

    Finalizando, creemos que se puede “construir sin construcción”, se pueden mejorar nuestras ciudades y nuestro entorno con“pequeñas intervenciones que generen grandes transformaciones”, como realizan las enzimas antes referidas, eincluso se puede construir bienestar desmantelando creativamente lo sobrante. Todo ello, aunque pudiera parecer contradictorio, podría generar actividad económica, abogando por que debiera estar mejor remuneradas este tipo de iniciativas que las encaminadas a  construir aparatosos artefactos sin utilidad alguna. En cualquier caso y ante cualquier posible rebrote de la locura, urge esperar.

    Francisco Camino

  • redes de arquitectos iniciando procesos. #arquisinergias

    redes de arquitectos iniciando procesos. #arquisinergias

    redes de arquitectos iniciando procesos. #arquisinergias

    La sociedad ha cambiado mucho y muy rápidamente. Ya inmersos en el siglo 21 los problemas de los ciudadanos son muy diferentes a los que tenían unas décadas atrás, como son muy diferentes las formas de relacionarse, las maneras de abordar las posibles soluciones y las soluciones propiamente dichas.

    Como muchos otros campos profesionales, en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo, y de la ordenación del territorio, los cambios  han sido muy importantes, siendo muy diferentes las necesidades actuales de los ciudadanos. Por un lado, la demografía, que en nuestro entorno se está desarrollando con crecimientos negativos y por otro lado, la revolución tecnológica que ha creado una nueva “capa digital” superpuesta en las ciudades tradicionales, además de otros factores, ha hecho que no sea necesario seguir “creciendo”, incluso empezando a ser aconsejable, un cierto “decrecimiento” hace que el “diseño urbano” deba ser planteado con criterios totalmente diferentes.

    Así mismo las edificaciones, que tampoco han evolucionado conceptualmente en los últimos cincuenta años, han de ser mucho más flexibles, como flexible y abierto debe ser su forma de ser usadas e incluso, “poseídas”.

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    Hasta hace muy poco tiempo los arquitectos, trabajaban de forma muy parecida, limitándose a recibir unos encargos de los clientes, públicos o privados, cuando casi todo estaba decidido. No era frecuente que los arquitectos analizaran desde el principio que problemas o necesidades debían resolver, en qué lugar deberían resolverse y de que manera. Cuando los arquitectos recibían un encargo, normalmente, ya estaba elegido el solar, la forma de acometer la iniciativa, etc… debiéndose limitar a racionalizar lo que otros habían decidido y a veces, ni siquiera esto último.

    Con la gran crisis global, de la que todavía no hemos salido, los encargos, prácticamente desaparecieron y los pocos que se hacían, seguían siendo con unos criterios totalmente desfasados, que no resolvían las actuales necesidades.

    Entendemos que en esta nueva situación debe ser muy importante el papel que pueden desempeñar los arquitectos. Pero ahora, los arquitectos, por su capacidad de análisis, por su creatividad, por su formación, etc… deben estar en “el inicio de los procesos” y actuar sobre lo existente, tanto en el campo edificatorio, como en el urbanos, con criterios de responsabilidad, tanto social, como económica, como medio ambiental, como cultural.

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    Creemos que los arquitectos deben acabar con su tradicional aislamiento y trabajar de forma coordinada con los profesionales de otras disciplinas complementarias y en permanente contacto con los ciudadanos.

    En FUCTURA, cooperativa de arquitectos, creemos firmemente en todo lo anterior, es decir, en redes de arquitectos interactuando entre ellos, interactuando con otros profesionales e interactuando con los ciudadanos. Creemos en que nosotros debemos “iniciar los procesos”, coordinarlos de principio a fin, analizarlos, diagnosticarlos y realizar propuestas para solucionarlos y por supuesto, coordinar y dirigir la ejecución de esas soluciones.

    En FUCTURA y en ARQUITASA, sociedad participada, creemos que el “valor” de las edificaciones y de las ciudades, aumentará considerablemente cuando tanto unas como otras sean concebidas y ejecutadas con mayor responsabilidad, que sean útiles a sus usuarios y que contribuyan a su bienestar. Para todo ello, es muy importante la participación activa de los arquitectos, conjuntamente con otros profesionales y con los usuarios.

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    #ArquiSinergias “Redes de Arquitectos Iniciando Procesos”, es un iniciativa conjunta de ARQUITASA y FUCTURA para fomentar la interactuación de estos profesionales, su visibilidad, la puesta en marcha de nuevos métodos de trabajo, de nuevas formas de relacionarse, de nuevas maneras de abordar los procesos edificatorios, urbanos y territoriales para tratar de conseguir unas edificaciones y unas ciudades más racionales, más responsables, más flexibles, más sanas, más justas, más eficientes, más respetuosas con el medio ambiente y sobre todo que resuelvan mejor los problemas de los ciudadanos del siglo 21.

    ARQUITASA / FUCTURA

  • crowdfunding en la construcción

    crowdfunding en la construcción

    crowdfunding en la construcción

    Muchas buenas ideas nunca pudieron ver la luz por no encontrar la financiación necesaria para poder ser construidas. Muy pocas personas han tenido capacidad económica para iniciar una aventura que implicara acometer alguna acción constructiva. Incluso ha sido difícil poder realizar una pequeña reforma para adaptar una construcción existente a alguna propuesta interesante. Nada de lo anterior se podía llevar a cabo si no se tenían recursos económicos ni solvencia para solicitar financiación.

    La iniciativa privada ha estado centrada en producir una ingente cantidad de viviendas, fueran necesarias o no, con unos criterios que no se adaptaban a ninguno de los diversos modos de vida actuales ni tampoco a las diferentes maneras de agruparse. Las entidades financiadoras tampoco han destacado por su capacidad imaginativa, ni por arriesgarse a colaborar con proyectos alternativos.

    La iniciativa pública tampoco ha hecho ningún esfuerzo para adaptarse a las nuevas demandas sociales. Sólo en alguna zona concreta, como el País Vasco o Asturias, se ha realizado una aceptable política de vivienda, con algún pequeño matiz innovador. Pero la actividad constructora pública, algunas veces frenética, ha estado centrada en las grandes infraestructuras y en ambiciosos proyectos, pretendidamente emblemáticos, unas veces necesarios y otros simplemente propiciados para poder generar actividad constructora, como fin en sí mismo.

    En los últimos años, muchas interesantes iniciativas, individuales o colectivas, se han visto frustradas por carencia de medios, pero sobre todo por la escasa visión de financiadores públicos o privados y por las pocas fórmulas existentes para poder obtener recursos económicos.

    Afortunadamente un sector cada día más numeroso de la población está contribuyendo a cambiar muchas formas de actuar, ensanchando los caminos a recorrer. Expresiones como “Inteligencia Colectiva”, “Economía Colaborativa”, etc…. han pasado a ser una realidad en las iniciativas sociales. Y el conocido como “Crowdfunding”, “financiación colectiva” o “micro_mecenazgo” ha comenzado a convivir con los modos tradicionales de financiación o de captación de recursos económicos.

    Muchos libros, discos, películas, etc… han sido producidas y financiadas por este sistema de pequeñas aportaciones, recompensadas de diversas maneras. Pero parecía extremadamente difícil que esta nueva modalidad de financiación pudiera ser empleada en la arquitectura o en cualquier actividad que requiriera construir inmuebles o adaptar los existentes.

    Jóvenes arquitectos, junto a otros profesionales, comenzaron a publicar sus investigaciones mediante este novedoso sistema de captación de recursos. Sus interesantes trabajos de investigación, de denuncia, o inteligentemente propositivos, que tenían difícil encaje en el mundo editorial convencional, comenzaron a ser “auto_producidos”, captando los necesarios recursos económicos a través de las redes sociales. Se  ofrecían  imaginativas compensaciones a los posibles mecenas que colaboraran.

    Como ejemplo, señalamos la interesante iniciativa de “Nación Rotonda” de producir y editar un creativo trabajo, a modo de “vademécum del horror”, que catalogaba muchos de los desastres urbanísticos producidos durante el periodo de la “burbuja inmobiliaria”

    Otros jóvenes arquitectos trataron de recuperar interesantes edificaciones que se encontraban deterioradas o muy abandonadas, ante la desidia unas veces de sus propietarios, otras de las Administraciones Públicas actuantes y la mayoría de las veces a causa de las dos razones conjuntamente.

    Destacamos la iniciativa de unos arquitectos en Galicia, con la plataforma “kuabol” de restaurar y recuperar una interesante obra del gran arquitecto gallego, Ramón Vázquez Molezún, conocida como “La Roiba”. Una vivienda construida sobre una antigua fábrica de salazones en la localidad  pontevedresa de Bueu, sobre la playa de Beluso. A través de una web, creada para difundir la obra, se captaron recursos para su rehabilitación y con el apoyo de las redes sociales, se obtuvieron los fondos necesarios para frenar su deterioro y poder acometer la reparación de tan interesante obra.

    Otros profesionales se lanzaron a construir pequeñas obras que habían proyectado, negándose a aceptar que sus propuestas se quedaran en el mundo virtual. En este apartado señalamos, a modo de ejemplo, la iniciativa de la arquitecta Izaskun Chinchilla y del equipo que coordinaba, que tras ganar un concurso en Nueva York, con el diseño de un ingenioso y bello artefacto, se lanzó a captar recursos económicos, a través de las redes sociales, para poder materializar la construcción del citado pabellón.

    En los ejemplos expuestos puede apreciarse una voluntad de compartir los hallazgos y las propuestas por parte de sus autores. Por supuesto, todo lo anterior es muy encomiable, a pesar de haber recibido algunas críticas, pero lo más importante ha sido además de lograr materializar unas interesantes iniciativas, se han marcado unos posibles caminos para poder construir sin depender de estrechas rutas de financiación y sin necesidad de mendigar subvenciones, que en el hipotético caso de ser obtenidas, condicionarían y limitarían las propuestas. De una manera libre y sin tener que hacer claudicaciones, se pueden hacer realidad muchos sueños.

    Pero lo más importante es que además de poder “sacar del mundo virtual” una serie de interesantes iniciativas individuales, con el “crowfunding” se pueden solucionar muchos problemas en el ámbito urbano y en la producción o recuperación de inmuebles.

    Edificios abandonados o deteriorados pueden ser recuperados por sus propietarios mediante este sistema de financiación. Otros pueden ser adquiridos y posteriormente reparados o transformados para una determinada finalidad, sin tener que depender del visto bueno   de ninguna entidad financiera convencional, ni de ningún apoyo oficial. El “crowdfunding” puede ser  perfectamente aplicable, también,  a la adquisición de solares y a su posterior construcción. Incluso problemas urbanos, que parecen ser irresolubles, podrían llegar a solucionarse con el “micro_mecenazgo”.

    Aunque los poderes económicos y políticos han intentado dificultar ese sistema alternativo de financiación mediante sucesivos cambios legislativos, es muy  difícil “poner puertas al campo” y poco a poco se va afianzando este nuevo modelo. El “crowdfunding” no es bueno ni malo en sí mismo, es simplemente una herramienta alternativa de captación de recursos económicos, que puede ser utilizada para objetivos que compartamos, o para otros con los que nos identifiquemos menos.

    El “crowdfunding”, bien aplicado, debe conseguir atraer a “pequeños mecenas” o “micro_ inversores” hacia  proyectos con los que se puedan sentir identificados. También se debe saber recompensar a los referidos “micro_inversores” con retornos que no tienen que ser necesariamente sólo económicos. En  cualquier caso, el “crowfunding” debe saber utilizarse con mucha imaginación, para poder alcanzar los objetivos perseguidos, además de saber satisfacer y recompensar a los pequeños mecenas colaboradores.

    En el mundo inmobiliario ya existen varias plataformas que utilizan el crowdfunding como sistema alternativo de financiación. En España está implantada la plataforma Houser, donde se puede participar como pequeño inversor con 500 € en un único proyecto o con 2.400 en cuatro proyectos diferentes. La referida plataforma cuenta con más de 800 micro inversores, a  los que se les ofrece rentabilidades superiores al 7%.

    Pero, en realidad, estos proyectos empresariales son bastante convencionales, cambiando solamente el sistema de financiación, pero no el bien producido, la forma de ejecutarlo, ni el usuario tipo al que va dirigido. Evidentemente, se abren muchas posibilidades para producir modelos alternativos de viviendas o de inmuebles con varios usos mezclados, con innovadores materiales y sistemas constructivos, además de poder dirigirse a colectivos más amplios y más diversos.

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    Desde este espacio nos gustaría alentar para que se exploraran las enormes posibilidades que tiene el sistema de financiación del “micro_mecenazgo” en el campo de la construcción, de la rehabilitación y del urbanismo. Creemos que con este modelo se podrían producir, de una manera totalmente diferente, construcciones o recuperaciones de inmuebles, adaptadas a las nuevas y diversas formas de vida, a las diferentes y cambiantes formas de agruparse. Se podría construir con materiales y técnicas innovadoras, más respetuosas con el medio ambiente. También se puede contribuir a facilitar la accesibilidad y el uso de las construcciones producidas a muchas personas que con los actuales modelos empresariales tienen muy pocas posibilidades de conseguirlo.

    También sería bueno explorar la posibilidad de gestionar la solución de muchos irresolubles problemas urbanos, “iniciando los procesos” sin esperar a la lentitud, muchas veces ineptitud, de las diferentes Administraciones Públicas. Tan sólo se trata de tomar la iniciativa, buscar pequeños socios inversores, que sin duda verán recompensada su colaboración, no sólo económicamente. Se debe saber gestionar con imaginación, buscado complicidades para poder mejorar nuestras edificaciones, para poder mejorar nuestras ciudades y en definitiva, poder mejorar nuestras vidas. Nuevas e imaginativas maneras de poder financiar la puesta en marcha de nuevas e imaginativas ideas.

  • ¿qué es una construcción ilegal? el caso de  “Ponte Sarela”

    ¿qué es una construcción ilegal? el caso de “Ponte Sarela”

    ¿qué es una construcción ilegal?
    el caso de «ponte sarella»

    Es obvio, algo es ilegal cuando no cumple la legislación vigente. Aunque todo cambia si la supuesta ilegalidad se produce dentro del territorio español, donde ya no está todo tan claro. La incertidumbre aumenta considerablemente si el objeto o acción ilegal ha sido desarrollado en el campo del urbanismo, la construcción o cualquier otra faceta del ámbito inmobiliario.

    Efectivamente, España es un país con sobreproducción de leyes. El actual marco constitucional permite que se aprueben leyes, decretos, normas y diversas figuras jurídicas en tres niveles legislativos diferentes, esto es, en el nivel estatal, en el autonómico o en el municipal. Alguna de estas leyes que afectan y regulan el mismo ámbito, pueden ser aprobadas, simultáneamente en dos o más niveles, pudiendo contener elementos contradictorios, además de tener que ser interpretados con una jerarquización difusa y discutible.

    En el ámbito estatal el Congreso legisla con bastante intensidad, sobre todo en las materias en las que deberían existir normativas duraderas, estables y ampliamente consensuadas. Esto último contrasta con la lentitud legislativa en las materias que precisan urgentes reformas, por estar totalmente anticuadas o por proteger ancestrales privilegios. A la actividad legisladora del Congreso se le añade la gran afición de los sucesivos gobiernos a aprobar decretos, muchas veces contradictorios entre sí.

    En el ámbito autonómico, diecisiete parlamentos se afanan, tal vez para justificar su existencia, en legislar sobre lo ya legislado. Los  referidos parlamentos autonómicos aprueban leyes que suelen contener disposiciones que entran en conflicto con las normas estatales, supuestamente de rango superior. Todo se puede complicar con actuaciones legislativas distintas e inconexas,  muchas veces contradictorias entre sí, de distintas Comunidades Autónomas vecinas, llevando a  situaciones totalmente diferentes en pequeños ámbitos territoriales con porciones de terreno ubicados en zonas “fronterizas”.

    Por si no fuera suficiente, los municipios tienen amplias competencias en materia urbanística, algo que en principio es bueno, pero esta situación suele generar regulaciones muy diferentes entre municipios vecinos, ocasionando  muchos y variados litigios territoriales.

    Son muy conocidos los conflictos que ha generado la estatal Ley de Costas con las diferentes legislaciones autonómicas y municipales. La  referida Ley de Costas era y es muy necesaria para poner en orden nuestro litoral, pero sus constantes modificaciones para atender diversos problemas particulares, genera conflictos con ella misma y con otras leyes producidas en ámitos autonómicos o municipales. Con independencia de lo anterior, la Ley de Costas tiene un carácter muy generalista,  no suele entrar en matices y soluciona de la misma manera situaciones muy diferentes. Los problemas generados se vuelven irresolubles cuando determinadas construcciones deben cumplir simultáneamente la famosa ley y otras legislaciones autonómicas o municipales.

    La Ley de Costas ha sido incapaz de terminar con situaciones descabelladas e incompatibles con el sentido común, pero ha sido empleada con dureza contra pequeñas viviendas de pescadores o coloristas chiringuitos. Sus grandes incoherencias, pero sobre todo las incoherencias en su aplicación o interpretación, han permitido que en un pequeño ámbito territorial  siga en pie el mediático hotel de la playa del Algarrobico, en la Comunidad andaluza, estando, sin embargo,  sentenciados pequeñas núcleos como Puntas de Calnegre o construcciones como la “Pescadería de Miguel” de Santiago de la Ribera,  a escasos kilómetros, pero ya dentro de la Comunidad murciana.

    Otro caso, traído a modo de ejemplo ilustrativo, es la urbanización de Seseña, promovida por el constructor conocido como “El Pocero”. La descabellada actuación urbanística, que lejos de crear un “núcleo de población” generó un “núcleo de edificación vacía”, tuvo que ser trasladada unos pocos metros, para ubicarla dentro de la Comunidad castellano manchega, donde el empresario, parece ser, tenía mejores amigos, dispuestos a adaptar legislaciones, que en la Comunidad madrileña no había podido conseguir. La urbanización no era posible construirla en un determinado lugar, pero podía tener todas las bendiciones legales 500 metros al sur. Todo ello en un ámbito territorial homogéneo situado entre dos Comunidades Autónomas diferentes.

    Pero hoy queremos centrarnos en un reciente caso que ha indignado a amplios sectores de la comunidad profesional. Aunque parezca increíble un juez acaba de condenar a muerte una admirable construcción de “Ponte Sarela” en Galicia, sobre una antigua fábrica de curtidos y una vaquería, promovida por el singular constructor Otero Pombo, que había sido  proyectada por los muy buenos arquitectos Víctor López Cotelo y Juan Manuel Vargas. Otero, con Cotelo y Vargas, establecieron una intensa colaboración  profesional durante varios años, construyendo un ramillete de interesantísimas obras en Compostela y sus alrededores. Víctor López Cotelo recibió recientemente el “Premio de Arquitectura Española” por su obra de rehabilitación de un antiguo Hospital Militar en Granada.

    En la bella Galicia, como en el resto de las Comunidades Autónomas, se han producido grandes disparates urbanísticos y muchos atentados paisajísticos. Además de incomprensibles iniciativas como “La Cidade da Cultura”, de colosales dimensiones, se han permitido innumerables pequeñas actuaciones, que juntas han causado un daño muy superior al entorno natural y a la organización territorial. Pero los jueces se han ensañado con una pequeña intervención que supuestamente no cumplía algún artículo de alguna de las muchas normas que debería haber respetado simultáneamente. Los jueces, inflexibles, no han encontrado ningún atenuante para indultar a la bella construcción de López Cotelo y Vargas.

    En territorio perteneciente al municipio de Compostela, el mismo donde se ubica la anteriormente mencionada “Cidade da Cultura”, un singular empresario, dotado de gran sensibilidad, encargó al gran arquitecto gallego Víctor López Cotelo, la rehabilitación y ampliación de una antigua fábrica de curtidos. Cotelo, junto a Juan Manuel Vargas, con su habitual maestría, proyectaron una bella construcción, que entre sus innumerables virtudes, tenía un gran respeto por el entorno y el paisaje que le rodeaba. Sin duda, contribuyó a mejorar el referido paisaje creando un atractivo conjunto muy integrado.

    La obra fue muy reconocida en diferentes ámbitos, publicándose en prestigiosos medios profesionales además de recibir diversos premios y reconocimientos. Pero, por un pequeño litigio vecinal, llegó una denuncia que dio lugar a un largo proceso judicial, mucho más amplio en el tiempo que la construcción de la obra.  Parece estar sobradamente demostrado que la obra  cumple todas las legislaciones que le afectan, aunque pudiera ser interpretable el incumplimiento de algún artículo de alguna norma ya derogada. Es decir, pudiera existir algún pequeño incumplimiento “en diferido”.

    Los jueces han sido implacables. No han sabido apreciar que el daño que causaba su sentencia era muy superior para la colectividad que el supuesto incumplimiento que se hubiera podido cometer. Salvo contadas excepciones los jueces no suelen entrar en este tipo de matizaciones. Nos preguntamos si es posible que importantes decisiones que afectan a nuestro “Patrimonio Colectivo”, a nuestra historia, a nuestro paisaje, puedan ser tomadas en solitario, con interpretaciones de una excesiva, contradictoria y difusa legislación.

    También nos preguntamos si puede ser despreciada la opinión unánime de los “Colectivos Profesionales” implicados en un asunto concreto, que hacen ver el valor intrínseco de una determinada actuación, que además no perjudica a ningún tercero. Es difícil entender que la Administración actuante, esto es, el Ayuntamiento de Compostela, que ya ha modificado su normativa legal, también solicita la rectificación de la decisión judicial. Por todo ello, considerado simultáneamente, nos cuesta entender que un juez puede tomar en solitario una decisión tan dura e irreversible.

    El citado Ayuntamiento compostelano, con la aprobación de su nuevo Plan General, ya ha legalizado la situación, por lo que se podría considerar que la construcción de “Ponte Sarela” ya no incumple nada, simplemente algún día supuestamente  incumplió una norma ya derogada. Nos preguntamos si en estos casos podría haber un “jurado popular”, que evitara dejar la difícil resolución en manos de un solitario individuo. Un solitario individuo interpretando que una valiosa obra,  que en su día, tal vez algo incumplió, debe desaparecer aunque ahora ya cumpla la legislación, con la propia Administración que redactó la norma supuestamente incumplida,  manifestando que la edificación ya no incumple nada, solicitando el  indulto.

    Pero, lo cierto es que con tanta legislación, tan contradictoria y tan sujeta a diferentes solitarias interpretaciones, seguiremos padeciendo múltiples “Algarrobicos” y continuaremos rezando responsos por pequeñas intervenciones tan bellas y acertadas como la de  “Ponte Sarela” de Otero y López Cotelo. D.E.P. ………………………………………….